Exámenes de Maestría

Egresados de la décimo primera generación 2005-2008 de la Maestría en Ciencias Sociales de El Colegio de Sonora titulados en junio de 2008.

El jueves 19, Blanca Susan Chico Smith, defendió la tesis “El proceso de adaptación psicosocial de los migrantes asentados en Estación Pesqueira: experiencias de duelo e integración” ante el jurado integrado por la doctora Catalina A. Denman Champion, el doctor Jesús Armando Haro Encinas (director de tesis) y la doctora Patricia Aranda Gallegos.

El martes 24, Eduardo Javier Martínez de la Torre recibió el grado con el trabajo de tesis titulado “Del militarismo al civismo en la Cruz Roja de Hermosillo: posibles repercusiones en la calidad de atención de socorristas a lesionados de tránsito en la vía pública”. Las sinodales fueron: Las doctoras María del Carmen Castro Vásquez, Catalina A. Denman Champion (directora de tesis) y la maestra María Remedios Olivas Peñuñuri.

El miércoles 25, Josefina Alvarado Palomera del Área de Economía y Desarrollo Regional, recibió el grado con la tesis “Localización y concentración de la industria manufacturera en Sonora, 1980-2004”. La doctora Gabriela Grijalva Monteverde, la maestra Lorenia Velázquez Contreras (directora de tesis) y la maestra Liz Ileana Rodríguez Gámez, conformaron el jurado.

Examen de Especialidad

El pasado 20 de junio Héctor Tecumshé Mojica Zárate, se tituló de la Especialidad en Gestión Integrada de Cuencas Hidrológicas de El Colegio de Sonora, segunda generación 2006-2007. El título de la tesina “Consumo de biomasa forestal para uso doméstico en la ciudad de Moctezuma, Sonora: una caracterización desde la perspectiva de cuencas hidrológicas”. El jurado lo conformó el doctor José Luis Moreno Vázquez, el doctor Ernesto Alonso Carlos Martínez (director de tesina) y el maestro José María Martínez Rodríguez.

Héctor Mojica, es profesor en la Universidad de la Sierra, Moctezuma, Sonora.

Temas pendientes de la reforma petrolera: la autonomía de gestión

Liz Ileana Rodríguez Gámez*

A varias semanas de que la discusión de la reforma petrolera haya iniciado, al parecer la temática se ha concentrado en el tema de privatización, dejando de largo aspectos por demás importantes de la reforma. En un principio se discutió sobre la premura del diagnóstico, incluso Beatriz Paredes lo calificó como “un atentado a la inteligencia de los mexicanos”, por la ligereza de su contenido, el sesgo del mismo, las verdades a medias, las contradicciones, entre otras.

Entre los temas olvidados o pocos cuestionados, contenidos en el diagnóstico se encuentra por ejemplo el de autonomía de gestión. Ahora que ésta ha sido adoptada por congresistas de los principales partidos, resulta importante analizar sus implicaciones; toda vez que los argumentos de la derecha están cayendo por tierra uno a uno, la autonomía de gestión está siendo casi su única salida.

Tal como es marcado en el diagnóstico y en los discursos de los funcionarios públicos y del propio presidente Felipe Calderón, el sustento de la reforma es que  Pemex presenta deficiencias en: en la gestión, la evaluación del desempeño, la transparencia y divulgación de información, la alineación de los objetivos hacia la maximización de valor, la administración e incorporación de tecnología de punta, el fomento del entrenamiento del personal, entre las principales. La autonomía de gestión supuestamente da los elementos para superar estas insuficiencias, lo cual sería excelente; el problema está en los riesgos.

Por mencionar algunos encontramos que: 1) la rendición de cuentas se flexibilizaría todavía más, no abonaría lo suficiente a la transparencia convirtiendo la opacidad en oscuridad; 2) las principales decisiones (operativas y financieras) de las paraestatales estarían en manos de funcionarios puestos a modo, proclives a la ideología privatizadora y de negocios personales y de grupo; con ello proliferarían el número de contratos a terceros; 3) se colocarían en la bolsa de valores a las empresas, poniendo las acciones al alcance de terceros; y 4) se incrementaría aún más la dependencia tecnológica y con ello prácticamente se anularía el desarrollo nacional.

Lo mismo sucedería con la ya casi inexistente industria de bienes y servicios nacionales proveedores del sector energético. Finalmente, la autonomía de gestión sería calcada de inmediato para su implementación en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en caso de aprobarse. Es decir, con tan sólo esa acción se lograría una privatización funcional e institucionalizada.

Mientras se discute si es privatización o no, basándose solo en la redacción de las reformas de la iniciativa de ley y escaneando el concepto privatización,  la idea de autonomía de gestión se vuelve más seductora. Este atractivo se engrandece, precisamente con el hecho de que no se utiliza como sinónimo de privatización en los medios de comunicación y entre los líderes de opinión y por tanto no acapara los reflectores.

En el senado, por ejemplo, la discusión del tema ha bajado de intensidad. Aun cuando la reforma energética continua siendo un tema central, que se reavivará conforme se agote el periodo extraordinario y se deban tomar decisiones al respecto, otros temas como el formato del informe presidencial ocupan también la agenda del legislativo. Mientras esto sucede en México, a nivel mundial el precio de los hidrocarburos continúa alto, pero al parecer ha iniciado un descenso.

Los altos costos de los combustibles están ocasionando serias repercusiones en todo el mundo, sobre todo entre los principales países consumidores como Estados Unidos.  Particularmente la economía norteamericana enfrenta una recesión de su economía que se profundiza y se perfila como una crisis económica ante el efecto del costo del combustible que encarece los costos de producción de las empresas y eleva el precio de los bienes y servicios para los consumidores.

Sin embargo, las economías emergentes de rápido crecimiento como China e India, que por un lado han influido en los altos precios de los combustibles derivados del petróleo al incrementar su demanda, están también siendo víctimas  del incremento por el lado de la oferta, pagando altos precios por combustible. Incluso China, ha estado retirando los subsidios del combustible antes de  lo planeado.

En México el efecto es también grave, pese a que el precio del petróleo mexicano está por encima de los US$ 100 dólares por barril, el gobierno no está recibiendo ingresos excedentes por petróleo, debido a tres factores: la disminución de la plataforma exportadora de petróleo, menor fortaleza del dólar contra el peso mexicano y una caída en el precio de las importaciones de gasolinas. Si a esto le aunamos la dependencia petrolera de los ingresos públicos que financian alrededor del 50% del presupuesto federal, el efecto puede ser más catastrófico de lo esperado.

*Profesora-investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo de El Colegio de Sonora, lrodriguez@colson.edu.mx

Clientelismo político ¿una forma de hacer política?

Francisco J. Santini Rodríguez*

El clientelismo moderno o de partidos se define como el intercambio de bienes o servicios por el voto o apoyo electoral; en México dicho fenómeno se presentó con mayor fuerza y organización durante las siete décadas que el partido hegemónico (PRI) mantuvo el control del gobierno y de las elecciones. En la actualidad, en México contamos con instituciones electorales más imparciales y leyes más justas en materia electoral; sin embargo, las irregularidades (compra de votos, apoyos materiales y servicios por votos) durante los procesos electorales siguen persistiendo.

Estudios recientes realizados durante las elecciones del 2000 mostraron que dichas prácticas ya no estaban cumpliendo con su función de mantener en el poder al partido que más las había practicado (PRI). Por otra parte, los datos estadísticos de una encuesta (FLACSO, 2000) también presentaron evidencia de que cuando las elecciones eran altamente competitivas (un resultado muy cercano entre los partidos, entre el primer lugar y el segundo), había una tendencia a que aumentaran dichas prácticas.

Los altos índices de competitividad han provocado incertidumbre en las elecciones, y hoy esto no es privativo sólo del Pri, sino de cualquier partido, esto ha ocasionado que los partidos políticos busquen por cualquier medio conseguir el voto ciudadano, sin importar si es moral y legalmente correcto entrando a un juego de complicidades entre las tres principales fuerzas políticas del país (PAN, PRI y PRD).

Es evidente que la reforma electoral del 2007 tiene avances en materia de financiamiento y de otorgar mayores facultades a los órganos electorales, pero desde mi punto de vista faltó tratar sobre los delitos electorales, como la compra de votos antes y durante las elecciones, así como por votos pagos en especie (con despensas, citas médicas, operación tamal, promesas de empleo, amenazas, etcétera) de los cuales todos hablan y algunos participan de ellos pero que no denuncian y al no hacerlo se vuelven cómplices.

Si aspiramos a una democracia de calidad en nuestro país, no solo debemos asegurarnos de que los votos se cuentan bien, sino también que se  respete el secreto al voto, que las autoridades electorales federales y locales trabajen para  que las prácticas clientelares disminuyan y que éstas sean la excepción más que la regla, que exista voluntad de los partidos políticos para  proponer en el congreso los mecanismos legales de sanción más severa a quienes participen directa e indirectamente en dichas prácticas.

En ese sentido, señala José Antonio  Crespo: “lo que distingue a las democracias no es la ausencia de irregularidades y trampas, sino que éstas no son decisivas en el resultado final”. La promoción de los valores  cívico – democráticos por parte de las autoridades electorales juega un papel importante para preparar a las nuevas generaciones en las nuevas formas de comportamiento ciudadano, en el que dichas prácticas sean hechos aislados.

*Asistente del Programa de Estudios Políticos y Gestión Pública de El Colegio de Sonora, fsantini@colson.edu.mx

Precios congelados

Álvaro Bracamonte Sierra*

La inflación en el rubro de alimentos ha sido de 8.4 por ciento en los últimos doce meses; es un porcentaje sensiblemente menor si se compara con otros países: por ejemplo, Brasil registró en ese mismo periodo 12.3 por ciento, Chile 18.2, China 22.3 e India 9 por ciento.

¿Qué explica que en México el aumento en el precio de los alimentos esté por debajo del promedio mundial? A simple vista la respuesta está en el bajo precio de la gasolina y diesel que se venden en el mercado nacional.

Al compararlos con los prevalecientes en Estados Unidos la diferencia es notable: mientras que allá se consigue a 12 ó 13 pesos el litro en nuestro país se vende en siete.

El precio de los combustibles ha actuado como una especie de ancla que inhibe el desbordamiento de la inflación en el sector alimentario. Desde luego ha contribuido también la apreciación del peso; la actual cotización del dólar, apenas superior a los 10 pesos, es por lo menos sorprendente, tomando en cuenta que es la misma desde hace seis años.

A pesar de que el dólar y las gasolinas baratas mitigan las presiones inflacionarias, entre las autoridades existe el temor de una espiral alcista cuyas consecuencias serían múltiples, empezando por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

De hecho, esto parece inevitable pues mientras los salarios mínimos y contractuales subieron 4 por ciento, los alimentos lo han hecho al doble.

Hay una variedad de mecanismos para resarcir la capacidad de compra del salario. Una de ellos es el incremento de los ingresos de los trabajadores. En México, esta estrategia se ha aplicado en otras ocasiones: en 1982, José López Portillo decretó un incremento extraordinario de sueldos a fin de compensar un inesperado brote inflacionario.

El desenlace de esa medida es ampliamente conocido: la economía mexicana en aquel entonces se sumió en el periodo más largo de estancamiento e inestabilidad que registre la historia nacional.

Una opción distinta es detener el incremento en los precios pactando un compromiso con los empresarios para no subirlos por un tiempo razonable. Esta modalidad también ha sido experimentada en nuestro país. A mediados de la década de los ochenta se resentía un fenómeno hiperinflacionario derivado de las irresponsables medidas económicas tomadas en 1982; para controlarlo se aplicó el congelamiento de precios en varios productos clave.

A esto se le llamó Pacto de Solidaridad Económica mismo que permitió contener la espiral alcista en los precios. Guardadas las debidas proporciones, es lo mismo que el gobierno federal está proponiendo con el congelamiento de 150 productos de consumo popular.

La diferencia es que antes el escenario se caracterizaba por inflaciones de tres dígitos y brutales desequilibrios macroeconómicos.

Cierto que estamos muy lejos de vivir una situación similar a la de aquella época, pero también es evidente que el congelamiento de precios está muy lejos de ser una medida que encaje en el ideario político de los gobiernos panistas.

Recordemos que entre éstos prevalece la opinión de que el mercado es el mecanismo más eficiente para la asignación de los recursos productivos. Para ellos, el control de precios no hace más que entorpecer el funcionamiento adecuado del mercado.

Si esto es así ¿cómo explicarse entonces que un gobierno de extracción panista haya introducido medidas propias del populismo? Al margen de que la efectividad del congelamiento de los precios es dudosa, debido a que muchos de los productos no son de consumo popular, lo cierto es que es una respuesta a la sensación, ya muy generalizada, de que no se está haciendo nada contra la carestía, pero sobre todo de que no se está actuando de manera adecuada en ningún tema de los muchos que saturan la agenda nacional.

De hecho, a escasos días del 2 de julio, pocas cosas le están saliendo bien a Calderón: La reforma energética está dando tumbos, los empleos prometidos parecen cada día más lejanos, las tasas de interés se elevan justo cuando pide reducirlas.

El nivel de aceptación de Felipe Calderón disminuye, las alianzas político-electorales son contradictorias e injustificables y sus operadores políticos, léase Mouriño y Germán Martínez, se muestran incapaces de tender vías de solución a tanto problema.

Son estas condiciones las que explican acciones atípicas a la tradición panista. El congelamiento de los precios es una de ellas; pero también está el desaseo con que están actuando: El fulminante cese de Santiago Creel es sólo el reflejo de ese espíritu que campea entre los calderonistas.

*Profesor-investigador del Centro de Estudios de América del Norte de El Colegio de Sonora, abraca@colson.edu.mx

Calorcito corazón

Nicolás Pineda Pablos*

“¿Qué vas a hacer  en Illinois?” Me dijo Barbara Chichansky, una profesora de inglés. “Ustedes los sonorenses están acostumbrados al sol y no soportan estar encerrados ocho meses de invierno. Son como las lagartijas, si no ven sol se deprimen”. Y tal vez tenga mucha razón. El único invierno que pasé en un lugar nórdico, sufrí mucho. En febrero ya me sentía desesperado y ansioso de que se terminara el frío y apenas iba a la mitad. En cambio, el calor es lo nuestro. Con una poca de buena actitud y un mucho de tecnología moderna, el verano no sólo es tolerable, sino incluso disfrutable. Además, es nuestro orgullo, la característica de nuestra región que casi presumimos a los de fuera. ¿A poco no?

La canícula sonorense
Estamos en la canícula. Ésta es todos esos días en los que temperatura ambiente excede a la temperatura del cuerpo, es decir a los 36.5 grados centígrados. Cuando el mercurio supera la temperatura del cuerpo, la exposición prolongada al calor puede ser mortal y el consejo sensato es hidratarse y bajar el ritmo de actividad. Incluso la tradición sonorense recomienda una buena siesta a las horas de más calor y trasladar algo de la actividad para después de que se ponga el sol. Otra grata costumbre que al caer la noche sacar una silla enfrente de la casa y disfrutar de una buena conversación.

El sol y el calor no afectan igual a todos. Unos aguantan más que otros. Así, mientras unos pueden jugar béisbol a mediodía, otros tienen que tomar las debidas precauciones. Entre los factores que ayudan a resistir está usar la ropa adecuada. Pero, ojo muchachas, no se trata tanto de desvestirse, sino de ponerse una o dos capas de ropa ligera y suelta, de preferencia de algodón. También es recomendable cubrirse la cabeza; yo recuerdo que en los pueblos sonorenses en los días de sol las mujeres salían con rebozo y los hombres con sombrero.

Es inevitable que, a pesar de las precauciones, a veces uno se descuida y se deshidrata. La fatiga de calor se manifiesta con sudor abundante, debilidad y a veces con mareos, náusea y vómito. En esos casos se recomienda retirarse del sol a un lugar fresco, aflojar la ropa, tomar tragos pequeños de agua pero no demasiada. Si la deshidratación es fuerte, a la que también se llama “golpe de calor” y se manifiesta con dolor intenso de cabeza, temperatura y confusión mental, es una emergencia médica y hay que acudir a un hospital recibir la atención adecuada.

Estar preparado para lo que viene
Ya estamos en el calor y viene más calor. Prácticamente en todos los días de junio y julio se alcanzan temperaturas arriba de los 36 grados. Uno de los primeros días de junio ya llegó a los 47 grados. Probablemente vendrán otros en las próximas cuatro semanas. En 1998, en la primera semana de julio, aquí en Hermosillo, la temperatura llegó a los 47 y los 48 grados durante seis días consecutivos.

Estos días secos y calientes son muy propicios para los incendios. Los rancheros y ganaderos deben de estar alerta para no causarlos o para atenderlos en caso de que aparezcan. Con frecuencia se propician incendios también a los lados de las carreteras. Fumadores, ojo con las colillas.

Como estamos en la etapa de transición del fenómeno conocido como la Niña, este año se pronostica un poco más caluroso que el promedio, pero no se sabe si será lluvioso o no. Los climatólogos de Tucson informan que hay la misma probabilidad de que llueva arriba del promedio y de que llueva abajo del promedio. O sea que la respuesta sonorense es: sabe.

Un poco más adelante nos está esperando la temporada de ciclones. Gilberto Lagarda de la Conagua nos informa que, por el lado del Pacífico, se espera que se formen 15 huracanes, de los cuales tres pueden ser intensos y probablemente uno o dos pueden pegar en Sonora sobre todo con lluvias intensas y situaciones de inundaciones. Ya hasta les pusieron nombre y nos dijeron que se llamarán Cristina, Douglas, Elida, Fausto, Genevive y Herman. De modo que aguas, porque ahí viene Fausto y puede pegar duro.

Verano sin alberca, no es verano
Estoy encarbonado (sucio de carbón). La alberca de la Unison está cerrada por prevención a la amiba de la vida libre; la del parque de Villa de Seris dejó de existir y la alberca del CUM me queda a trasmano de unas obras que hacen  problemática la circulación. Las otras albercas del norte de la ciudad, como habitante del sur-poniente, me quedan más lejos todavía. ¡No hay que ser! En vez de contar con más centros acuáticos para el ejercicio diario, cada vez tenemos menos. ¿No podrá Pedro Ortega y los de Deportes de la Unison resolver ese asunto y abrir la alberca? Plíiis. Calorcito calorón, yo tengo tentación de un chapuzón.

*Profesor-investigador del Programa de Estudios Políticos y Gestión Pública de El Colegio de Sonora, npineda@colson.edu.mx

Numeralia

Álex Covarrubias V.*

Por estos días han abundado encuestas de opinión que dan a conocer diversos aspectos de interés de la realidad política nacional. Por su relieve me detengo sobre dos de ellas y sobre tres temáticas que enseguida serán aparentes.
¿Qué panorama electoral se dibuja para las elecciones intermedias del 2009? La pregunta es de importancia. Los resultados de la renovación de los 500 asientos de San Lázaro serán cruciales para el futuro del gobierno de Calderón, como lo serán también para el futuro de la correlación de fuerzas partidistas. Los pronósticos aquí han sido diversos. Pero apenas anteayer El Universal ha efectuado un ejercicio predictivo más completo, combinando los productos de cinco encuestas más las tendencias de largo plazo de más de un decenio de elecciones.

¿Los números? El PAN contaría con el 39 por ciento de los votos, el PRI con el 36 por ciento, el PRD con el 18 por ciento y el resto con 11 por ciento. De ser ciertos estos números saltan dos conclusiones. La primera es que la competencia será cerradísima entre el PAN y el PRI. La segunda conclusión es que el PRD se desplomaría a favor del PRI.

¿Cuál es la posición relativa del Gobierno de Calderón? Es claro qué esta es una pregunta de peso, cuya resolución es y será decisiva para el desenlace 2009.

De acuerdo con Consulta Mitofsky la aprobación del presidente Calderón es por ahora de 61 por ciento. Cuatro puntos menos que lo obtenido un año atrás. Pero tres puntos más respecto al primer trimestre de su gobierno. En comparación con Vicente Fox, Calderón ha llegado a su sexto semestre de gobierno con una evaluación mejor de parte de  la ciudadanía.

A Fox lo evaluó positivo el 50 por ciento de los mexicanos, al sexto trimestre de gobierno. No obstante que Fox tuvo la mejor base de aprobación de partida entre los últimos cuatro presidentes. O sea, agregando al presidente Zedillo y al presidente Salinas.

La economía se está convirtiendo en el talón de Aquiles de esta administración: sólo 26 por ciento la ve mejor. Incluso 66 por ciento cree que estará peor el próximo año y 53 por ciento revela esperar grandes aumentos de precios. En suma, la economía (entendida como crisis económica) ha pasado a ser la principal preocupación de la población. Por encima inclusive de la inseguridad y el desempleo.

¿Qué hay de los gobernantes, en perspectiva del rol que puedan ocupar para el 2009 y para el más lejano 2012? Una pista la dio también Mitofsky por estos días. Los gobernantes más conocidos del país son Enrique Peña Nieto, del Estado de México; Marcelo Ebrard, del Distrito Federal y Fidel Herrera, de Veracruz. Los conoce el 68, el 64 y el 31 por ciento de la población, respectivamente.

Los menos conocidos son Narciso Agúndez, de Baja California Sur; Juan Manuel Oliva, de Guanajuato, y Ney González, de Nayarit. Los conoce el 3, el 4, y el 5 por ciento, respectivamente.

Eduardo Bours, no figura entre los diez gobernadores más conocidos. Se desliza a la posición 12, con el 12 por ciento de mexicanos declarando que lo conocen.

¿Qué decir de estos números? Es claro que la exposición mediática juega mucho en la difusión de la imagen de los gobernantes. Sin embargo, así como el conocimiento de la población no dice nada sobre la calidad de los gobernantes, ni sobre la opinión que esa población guarde sobre la tal calidad, el conocimiento mediático puede generarse en cualquier razón. O estrategia.

Por ejemplo, el gobernador ‘precioso’ de Puebla, Mario Marín, y el gobernador calamitoso de Oaxaca, Ulises Ruiz, aparecen en cuarta y sexta posición de conocimiento. Pero es claro que su ‘popularidad’ se debe a su figurar escandaloso en las notas “rojas” de los medios nacionales, antes que nada.

*Profesor-investigador del Centro de Estudios de América del Norte de El Colegio de Sonora, acova@colson.edu.mx

Responsabilidades de los servidores públicos

Juan Poom Medina*

En estos días, la Cámara de Diputados está organizando foros de consulta sobre la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. El tema, aunque no es nuevo, siempre resalta por su vigencia debido a los múltiples casos, algunos con suficiente evidencia, de la irresponsabilidad y excesos en la que incurren algunos servidores públicos en México. Está de más decir que cuando se revisan las tareas de los funcionarios, el análisis debe dividirse debido a los matices, alcances y niveles que tiene el asunto de la responsabilidad de un funcionario, por eso surgen preguntas como las siguientes: ¿A quién rinden cuentas los servidores públicos? ¿El marco institucional que rige a los funcionarios es realmente eficiente? ¿Qué significa tener una buena Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos?

Sabemos que en los países de América Latina, la funcionalidad del Estado no es la mejor. Hay abundantes pruebas de que la grave crisis que sufre la mayoría de esos países, con todo y sus nuevas democracias, se debe a la poca legalidad que prevalece en sus territorios. No hay muchas vueltas qué dar para entender que un Estado incapaz de imponer su legalidad sustenta una democracia con una ciudadanía de baja intensidad, entendida como la ciudadanía que no le interesa participar y tampoco tiene incentivos para cuestionar o sugerir mejoras al Estado, por lo tanto, como efecto colateral se presentan altos grados de impunidad en la relación funcionarios-ciudadanos.

La semana pasada participé como ponente en el foro sobre este tema que se realizó en Hermosillo. El argumento central de mi participación se refirió al diagnóstico que debe hacerse para generar un documento base apegado en la realidad pensando en una posible reforma a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. A través de un modelo teórico llamado agente-principal hablé sobre los problemas de información que prevalecen entre los principales (ciudadanos) y los agentes (funcionarios públicos). De manera puntual señalé que las evidencias muestran que la Ley de Responsabilidades es letra muerta y la impunidad reina a lo largo de todo el territorio mexicano. Tanto es el problema de información y aplicación de la ley que los ciudadanos sabemos muy poco sobre el tema en cuestión, especialmente, de las posibilidades de iniciar un juicio político en contra de algún funcionario que esté incurriendo en violaciones a la ley.

Obviamente la poca funcionalidad de la ley tiene mucha relación con la débil cultura política que prevalece en México y las pocas opciones de participación que tenemos los ciudadanos, sin embargo, la base de los problemas se encuentra en la propia Ley de Responsabilidades y en los mecanismos poco claro que tiene para que se implemente sin miedo, sin favoritismo, sin intercambio de favores, y sin la compra de jueces y magistrados que finalmente emiten los veredictos finales. La nueva ley debe gozar de aplicabilidad, de funcionalidad y de medidas coercitivas o castigos claros a los responsables directos de atropellos y dispendio de recursos públicos.

Por ello, las preguntas que señalé líneas atrás no pueden responderse con el marco normativo actual simplemente porque los sucesos reales superan a todo ese diseño institucional. La ciencia política, como disciplina, detectó en alguna de sus observaciones que los funcionarios tienen ambiciones de todo tipo. Llamó ambición progresiva a la que prevalece en un contexto de no reelección de puestos. También se refirió a la ambición estática como aquélla que se da en un contexto de reelección de puestos. En ambos casos, lo que queda claro es que un funcionario público por más bajo o alto que sea su puesto siempre buscará ascender y para hacerlo puede causar atropellos, dispendios y violaciones graves a la Ley de Responsabilidades, por eso creo, como bien dice Aguilar Camín: El eje de la aplicación de la ley, no está en la Policía o en los tribunales, sino en la disposición de los ciudadanos a respetarla. Yo agregaría, también en la disposición de los funcionarios públicos a respetar una buena ley. Claro si ésta existe.

*Profesor-investigador del Programa de Estudios Políticos y Gestión Pública de El Colegio de Sonora, jpoom@colson.edu.mx

Método científico y política social.
A propósito de las evaluaciones cualitativas de los programas sociales*

Catalina A. Denman Champion**

Primero, lo primero: los agradecimientos.  Por la invitación que me permite el gusto de estar con ustedes esta tarde. Por la contribución que constituye este libro para las ciencias sociales y sobre todo para quienes somos profesores de cursos de metodología y para los estudiantes, y para quienes se ocupan y se preocupan de la investigación evaluativa de alta calidad. Y por la buena compañía de todos, autores, comentarista y público interesado. Muchas gracias por estar aquí esta tarde lluviosa de la ciudad de México.

Sobre los autores
Supongo que una gran parte de ustedes conocen, tal vez mejor que yo, a los autores del libro que hoy presentamos, pero sentiría parcial nuestra presentación si no hiciésemos referencia a ello. Por ello, permítanme una breve introducción.

Fernando Cortés, es economista y científico social, con especialidad en antropología social, docente de estadística y metodología en universidades a lo largo de todas las Américas, chileno por nacimiento, profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México desde hace tres décadas y autor de más de una centena de artículos y capítulos de libros y una decena de libros, en los que cita seguramente a Bunge, Piaget, Pzeworski, Rolando García o a nuestro compañero de mesa, Manuel Gil.  Fernando es maestro apreciado por innumerables generaciones de científicos sociales en el hemisferio occidental.

Agustín Escobar Latapí, es antropólogo nacido en la ciudad de México, con doctorado en Sociología de la Universidad de Manchester, autor de casi cien artículos y capítulos de libros, y de quince libros, así como  especialista, entre otros,  en temas de migración internacional, política social, e integrante del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, al igual que el Profesor Cortés. Citará seguramente a Bryan Roberts, Guillermo de la Peña, Alejandro Portes, Renato Rosaldo además de su coautora favorita, Mercedes González de la Rocha.

Mercedes González de la Rocha, es antropóloga nacida en México, con doctorado en Sociología de la Universidad de Manchester. Recibió el Premio Miguel Othón de Mendizábal del INAH por su libro Los recursos de la pobreza y fue Premio Nacional de Ciencias Sociales 1995 con Agustín Escobar. Ocupó la Cátedra Simón Bolívar en la Universidad de Cambridge en el año 2004, y es investigadora del CIESAS desde hace 27 años al igual que Escobar. Autora de casi cien artículos, capítulos de libros, libros y reseñas, en los que cita seguramente a Bryan Roberts, Caroline Moser, Sylvia Chant, Orlandina de Oliveira, Brígida García, Helen Safa, Henry Selby y a su coautor favorito, Agustín Escobar.

Los temas
El tema de este libro lo anuncia su título, Método científico y política social. A propósito de las evaluaciones cualitativas de programas sociales, pero tal vez nos equivocaríamos si nos centramos en un tema, pues el libro representa el delicado trenzado de dos ejes principales, evaluación de política social y metodología, tema invariablemente cercano al corazón de muchos científicos.

El libro está compuesto por seis capítulos, un capítulo colectivo de conclusiones, la bibliografía conjunta y un apéndice de mucha utilidad  que incluye el muestreo analítico, así como las guías de entrevista del capítulo seis, contiene también un apéndice de un estudio de caso que ilustra los argumentos que exponen los autores en el capítulo 4. Quiero hacer mención especial de la presentación. Esta excelente presentación de Rosa María Rubalcava resume el contenido y aportes del libro y sirve para animar a quien hojee esas páginas iniciales del valor de continuar su lectura. Haría yo bien en leerles esa presentación si no fuera a rebasar los tiempos de esta exposición, pero les recomiendo ampliamente leer estas primeras páginas del libro.

Consultar documento completo

*Autores: Fernando Cortés, Agustín Escobar y Mercedes González de la Rocha. Pesentación que se llevó a cabo el pasado 17 de junio, en El Colegio de México.

**Profesora-investigadora del Centro de Estudios en Salud y Sociedad de El Colegio de Sonora, cdenman@colson.edu.mx