Masculinidad e intimidad: identidad, sexualidad y sida

Masculinidad e intimidad, de Guillermo Núñez Noriega, primera edición, julio de 2007, coeditada por Miguel Ángel Porrúa, PUEG y El Colegio de Sonora.

En esta obra el autor aborda la masculinidad relacionada con el homoerotismo. Una imagen fotográfica antigua de dos hombres “sombrerudos” tomados de la mano, da inicio a la investigación etnográfica llevada a cabo en las ciudades de Hermosillo, Sonora, México y en Tucson, Arizona, EU. Género y salud, es lo que distingue a grandes rasgos al texto, producto de la tesis doctoral del autor. La publicación contiene: la regulación social de la intimidad y la identidad masculina; la disputa por los significados del ser hombre en México; las metáforas corporales de la hombría y la negociación de la intimidad, homofobia e identidad masculina; reconociendo los placeres, deconstruyendo las identidades; e identidades sociales, clase social y estrategias de lucha contra el SIDA.

La presente edición contó con el apoyo de la Fundación Ford a través de El Colegio de Sonora. Está a la venta en la librería de El Colegio o con Wilber Sarracino wsarracino@colson.edu.mx. Precio público 250 pesos.

Cruzando el desierto: Construcción de una tipología para el análisis de la migración en Sonora

Cruzando el desierto, cuaderno de la colección Cuarto Creciente número 11  de Ana Lucía Castro Luque, Jaime Olea Miranda y Blanca E. Zepeda Bracamonte, de El Colegio de Sonora, primera reimpresión, julio de 2007.

Este texto es un acercamiento al fenómeno migratorio del estado de Sonora desde el punto de vista demográfico. Acercamiento que se inicia en el aeropuerto de la ciudad de Hermosillo donde observamos ciertos movimientos de población inéditos en Sonora hasta la década de los años noventa. Grupos de veinte, treinta y hasta cincuenta personas, en su mayoría hombres, que llegan en vuelos procedentes del sur del país y son interceptados por taxistas que se ofrecen a llevarlos, ahora por vía terrestre, a la frontera.

Esta publicación está a la venta en la librería de El Colegio de Sonora o dirigirse con Wilber Sarracino wsarracino@colson.edu.mx. Precio público 80 pesos.

¡La utilidad de los informes de gobierno!

Liz Ileana Rodríguez*

El próximo primero  de septiembre, el presidente Felipe Calderón rendirá su primer informe de gobierno.  Antes de que inicien los editoriales, columnas y programas de medios de comunicación a analizar el contenido del mismo, es necesario realizar algunas reflexiones; no sólo para tener una idea clara sobre el acto del informe, sino también sobre su utilidad, tanto en los informes del gobierno federal como de los gobiernos estatales y municipales.

Hace algunos días se inició una polémica en el Congreso de la Unión ante la posibilidad de que este año Calderón rinda su informe “bajo algunas modalidades nuevas”. Entre ellas se comentó la posibilidad de que el presidente entregue su primer informe presidencial por escrito y haga un breve pronunciamiento ante los legisladores. Además se prevén cambios en el protocolo de la ceremonia en San Lázaro para evitar por ejemplo, el escenario ocurrido en la toma de posesión del presidente en diciembre de 2006.

Independientemente de que los legisladores tengan la libertad o no para manifestarse en el interior del recinto con pancartas, chiflidos y demás palabras y gestos; la entrega y recepción del informe no pasa de ser un acto protocolario.  No hay una lectura extensa del informe, solo resúmenes ejecutivos y pronunciamientos, que en contadas ocasiones dan cuenta de los aspectos negativos y las malas decisiones tomadas desde la administración gubernamental. No hay una retroalimentación entre el poder ejecutivo y legislativo, mucho menos con la sociedad, quien no tiene medios para exigir cuentas en función de lo informado.

Por lo general, el informe contiene los logros de un año que a juicio del presidente o de su staff de colaboradores se consideran los idóneos para informarse. En el primer año, se hace gala de los programas gubernamentales con los cuales arranca la nueva administración, del ánimo con el cual se empezó a trabajar y los planes a futuro. Por lo general, ante un escenario políticamente conflictivo como el registrado durante el anterior proceso electoral federal, el presidente hace un llamado a la unidad nacional, a la negociación y a la búsqueda de consensos.

Pero, ¿qué debería de contener un informe de gobierno? El informe debe ser un instrumento de evaluación de las acciones plasmadas previamente en el plan nacional de desarrollo; es decir, cuál es el avance a un año de trabajo de los objetivos planteados; qué metas se han cumplido en un año y/o cuáles no han podido implementarse y por qué. También debe contener los aspectos que necesitan ajustarse y sí es necesario reorientar el rumbo.  Este tipo de información es la mínima requerida para establecer un juicio en torno al primer año de trabajo, de lo contrario, cualquier crítica incluso constructiva raya en la subjetividad y se encontrará fuera de toda proporción.

No obstante, el problema continúa siendo grave. El plan nacional de desarrollo 2007-2011 aun cuando señala los objetivos y define ciertas estrategias, no contiene metas en el corto, mediano o largo plazo. No contiene mecanismos propios de evaluación que facilitaría en mucho el diseño mismo del informe y por supuesto una mejor comunicación hacia los sectores de la sociedad sobre los logros y los tropiezos. Por ello el informe carece en sí mismo de los elementos para un seguimiento del éxito o fracaso de la administración de Felipe Calderón.

Lo anterior nos lleva a cuestionar la utilidad de la planeación, de la rendición de cuentas y de la transparencia más allá de los discursos políticos, de las instituciones y la burocracia que gira en torno a ello. El próximo informe de gobierno será sólo una pequeña muestra, multiplicada a nivel estatal y municipal de la demagogia política de nuestros tiempos. 

*Profesora-investigadora del Programa de Estudios Económicos y Demográficos de El Colegio de Sonora, lrodriguez@colson.edu.mx

Gajes medioambientales

Cristina Martínez Rascón*

Muy recientemente he incursionado en los temas medioambientales y la semana pasada que asistí al seminario sobre medio ambiente y desarrollo en la frontera norte, una de las exposiciones que me llamó especialmente la atención fue la que relativa al uso, mal uso y abuso del ordenamiento ecológico territorial (OET).

En dos líneas, el expositor se refería a la existencia de marcos normativos vanguardistas para el desarrollo sustentable en el país y la incapacidad de ser aplicados con contundencia por parte de los actores sociales y políticos implicados en este proceso.

Aunque sobran ejemplos de esto, a mí me vino a la mente la existencia de algunos desarrollos turísticos como el Mayan Palace en Puerto Peñasco, ubicado en un importante humedal de la franja costera del Golfo de California y los frustrados intentos porque prospere la demanda legal correspondiente en Profepa.

Pues bien, solamente para mencionar dos pifias del OET y observarlas en las prácticas ciudadanas de denuncia que usted conozca, citaré la fragmentación del marco normativo en dos secretarías (Semarnat y Sedesol) y la confusión a nivel de escalas territoriales en lo relativo a la evaluación y planificación federal y municipal.

La primera tiene que ver con la naturaleza de las funciones administrativas de ambas instancias, esto es, lo medioambiental propiamente dicho en Semarnat y lo urbano-territorial que le corresponde a Sedesol en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial. No hay espacio aquí para desarrollar las diferencias entre ambas, pero indudablemente no conviene que en un mismo ámbito nacional coexistan dos instrumentos de planeación del territorio. Esto ha generado múltiples confusiones, duplicidad de funciones y derroche de recursos.

Y también, aunque no es una causa unívoca, sí propicia el uso poco eficiente de los mecanismos que instrumenta el OET para favorecer la política ambiental y menos aún propiciar los procesos reales de participación social. Esto se ha traducido en la elaboración de agendas ocultas que reproducen la visión de “arriba hacia abajo” y donde las políticas territoriales se definen fuera del ámbito y del conocimiento local, que es donde deberían formularse y aplicarse.

La segunda pifia, como lo comentamos anteriormente, es la confusión de escalas territoriales a nivel federal y local y se refiere al ordenamiento ecológico general del territorio que observa la evaluación territorial de la política pública federal y el ordenamiento ecológico nacional que propone la planificación específica del uso del suelo como una atribución municipal. Si bien es cierto, existen múltiples experiencias de planes y programas municipales con la autonomía que le otorga este nivel de gobierno, cuando se requiere de los instrumentos de política ambiental éstos han presentado escalas geográficas y regionalizaciones ecológicas muy poco claras.

En resumen, se puede concluir que el uso, mal uso, y abuso del ordenamiento ecológico territorial comienza por considerar a ésta panacea de la planeación y de la solución a  problemas que se presentan en el escenario de los hechos, aunque en realidad lo que ocurre ahora mientras no se apoyen los procesos de descentralización y empoderamiento local y regional, sea la de “administrar” problemas que nunca se van a solucionar. ¿Será éste el caso del Mayan Palace en Peñasco?

Balance preliminar de la bursatilización

Álvaro Bracamonte Sierra*

Contra los pronósticos, ayer se avanzó poco en la aprobación del PSP. Pero ésta es inminente. Si así fuera, valdría la pena un balance mínimo o un primer corte de caja que destaque quiénes ganarían y perderían en este episodio interesante de la vida pública local.

Si la bursatilización se aprueba no habrá duda de que el gobernador Bours es el triunfador en esta especie de “juego de vencidas” en que se convirtió el ahora famoso Plan. Se diría que, una vez más, se salió con la suya: se impuso a una oposición que no pudo neutralizar el proyecto, pero, sobre todo, que exhibió escasas tablas para convencer a la ciudadanía de que el Sonora Proyecta no representaba el paraíso.

Si es aprobado sin mayores sobresaltos y, desde luego, sin mayores cambios, entonces el secretario de gobierno pudiera considerarse entre los ganadores dado que en él descansó la responsabilidad de gestionar el aval de los empresarios, sindicatos, organismos agrícolas y de muchos más que no han dudado en firmar desplegados de apoyo. Desde esa oficina se debió negociar con los legisladores prístas, del PRD, PAN y de otros partidos. Es decir, si pasa pronto el PSP, el éxito se atribuiría al encargado de esa oficina lo que le acreditaría capacidad para abanderar al PRI en los próximos comicios. Ya veremos.

Entre los perdedores estarían los panistas pues echaron “toda la carne al asador” con tal de impedir la aprobación del proyecto. Sabedores de que las probabilidades de victoria en el 2009 dependen del desenlace de este litigio y están utilizando algunas rendijas legislativas para bloquear lo que casi todo mundo da por descontado: la aprobación del PSP.

En su descargo, vale la pena decir que elaboraron una contrapropuesta valiosa, misma que no deja de ser parcialmente retórica pues en varias partes parece más bien encaminada a retardar la votación del PSP. Los panistas están convencidos de que la bursatilización es un cheque en blanco para que el mandatario haga y deshaga en las próximas elecciones. Suponen que contará con los recursos para hacer ganador a cualquier candidato.

El argumento es razonable si se piensa que existe una correlación entre candidato triunfador y el dinero destinado a su promoción; cuánto más inviertas, tendrás más posibilidades de ganar. Para tranquilidad de los panistas hay evidencias de que tal correlación es poco robusta. Estudios realizados por el economista Steven Levitt (Freakonomics) probaron que la derrota o la victoria no están determinadas por el presupuesto. Al respecto, da varios ejemplos: Forbes, Dean Howard y otros candidatos en Estados Unidos gastaron grandes cantidades de dinero y a la postre obtuvieron un porcentaje menor de la votación. Para Levitt, lo esencial en procesos electorales es la personalidad del candidato. Si éste es un personaje atractivo, con propuestas, entonces, por más dinero que gasten sus adversarios poco harán frente a una figura carismática.
Volviendo a nuestro caso, creo que en adelante los blanquiazules deberán preocuparse por contar con una candidatura fresca y atractiva si realmente quieren disputar la gubernatura a quien por su parte tendrá toda la capacidad económica y las simpatías del Ejecutivo.

Si no sale a tiempo de la trampa en que se encuentra, el gran perdedor puede ser el PRD. Con altas posibilidades de recuperar la credibilidad que alguna vez tuvo y con ello la confianza de los electores, los diputados solaztequistas están mostrando mucha eficiencia en su tarea de convertirse en los sepultureros de ese instituto político. De qué otra manera podría entenderse la actitud lamentable (¿de qué se ríe diputado Saucedo?) de la mayoría de los diputados de esa fracción.

Sin duda, el arte de la política es negociar, pero estos representantes populares lo entendieron mal; si efectivamente han negociado, todo indica que lo hicieron a título personal a juzgar por las escasas modificaciones incluidas en la iniciativa del Ejecutivo. Con estas actitudes el perredismo local está condenado a extinguirse del mapa político sonorense.

Duda

Charlando con un colega de la Unison respecto a la viabilidad del PSP, llegamos a la conclusión de que una de sus mayores debilidades tiene que ver con la tasa de interés a la que se subastarían los papeles emitidos por el gobierno. Sabemos que actualmente esta variable se halla por debajo de los promedios históricos. Sin embargo, en el probable caso de que empiece a subir y los ingresos tributarios bajen ¿qué pasaría con el presupuesto estatal?

De presentarse ese escenario, sufriríamos, a escala local, una situación similar a los duros años en que el país trabajaba sólo para pagar la deuda externa. O bien, en el trágico trance donde familias enteras literalmente se enfermaron al no aguantar el alza en las hipotecas derivada del incremento de los intereses. ¿Cómo saber si se ha previsto esa eventualidad?

*Profesor-investigador del Programa de Estudios Económicos y Demográficos de El Colegio de Sonora, abraca@colson.edu.mx

Día D

Álex Covarrubias V.*

Nos aproximamos a dos años de que el Congreso del Estado votó la decisión política más importante del actual gobierno. Al tiempo lo supimos: su votación fue extraordinariamente desafortunada para la suerte de la democracia en el Estado. El día de hoy el Congreso del Estado votará la decisión económica más importante del actual gobierno. ¿Qué diremos al tiempo? ¿Que la 58 Legislatura estuvo a la altura de las circunstancias o que los diputados votaron por un plan apresurado, sin reparar en sus riesgos y consecuencias para el futuro económico de los sonorenses?

El 13 de septiembre de 2005 los diputados de la 57 Legislatura nombraron a los integrantes del Consejo Estatal Electoral en una operación que colocó en entredicho la autonomía y ciudadanización de los órganos electorales. Fue un movimiento de madruguete político de la más vieja catadura, en el que los diputados del PRI contaron con la colaboración de tres diputados tránsfugas del PAN y de los dos diputados del PRD. El 19 de septiembre de ese año escribí: “Esto puede ser mucho más grave de lo que cualquiera suponga a primera vista para el desarrollo democrático de Sonora. Tan grave que sus consecuencias podrán generar una bola de nieve que termine por arrollar a todos los actores políticos… (pero) Mi impresión es que no hay una conciencia clara de estos riesgos”.

No hubo que esperar mucho para que la bola de nieve empezara a caer. A los meses, entre perplejos y displicentes, nos enteramos que el presidente electo de aquel Consejo tenía un pasado como juez destituido que se cuidó de ocultar y que los diputados no se habían molestado siquiera en revisar los expedientes de los postulantes. Lo subsiguiente fue una serie de eventos penosos sólo aptos para documentar los sinsabores que cobran las decisiones adoptadas desde la irresponsabilidad más supina. Los diputados del PRD y del PAN, tratando de corregir a toro pasado, demandaron y llevaron a los tribunales competentes la destitución del Sr. Valencia; perdieron el caso y al final de cuentas los ciudadanos hubimos de digerir que la democracia y la cultura democrática sonorense habrían de ser representadas por un abogado sorprendido previamente por sus “descuidos en la administración de la justicia”.

Como si los sonorenses no valiéramos y mereciéramos mucho más que eso. Como si los sonorenses no tuviéramos personas de trayectoria intachable y credenciales forjadas, tales que pudieran llevar con el mayor donaire la representación que reclaman los intereses de la democracia.

Ésta es una memoria de fuego que los diputados de la 58 Legislatura bien harían en recuperar en estos momentos cruciales. En sus manos y en la voluntad de sus votos está sellar el destino de un plan (el Sonora Proyecta) cuyas fallas de origen son múltiples:

– Se diseñó como un proyecto típico de arriba abajo, cancelando en el acto sus pretensiones de ser el GRAN PLAN para Sonora puesto que los planes de dimensiones tales se hacen al revés: de abajo hacia arriba, creando consensos con la participación de las voces competentes.

– Se vició desde el principio cuando sus portadores se empecinaron en el desacierto de no llamar a las cosas por su nombre. El PSP es un trazo financiero de deuda a 30 años, pero alguien le vendió la idea al ejecutivo de que esto no es así y a él le pareció redituable presentarlo de esa manera.

– Se basa en la idea de un fideicomiso particular que para poder operar se aísla de la normatividad aplicable de la administración pública en materia de deuda, acceso a la información y fiscalización. Por eso si bien el PSP podrá ser evaluado por aseguradoras, entidades de bolsa e inversión privadas como postulan los representantes del PRI y del gobierno, tendrá en contra un hecho más simple e impactante para todo fin práctico: no podrá ser vigilado y auditado por las leyes públicas sonorenses.

– Se sustenta en ideas de competitividad y creación de competencias bastante rudimentarias que privilegian el agregado de varillas, cemento, cal, asfaltos y piedras a discreción. Éste es el punto que cierra un círculo auténtico de despropósitos. A pesar de que sus promotores postulan el PSP como la ventana a la modernidad de Sonora, asoma como todo lo contrario. Un plan premoderno en el que no se atan de forma alguna los factores de innovación, educación, ciencia, salud, medio ambiente, vocaciones y competencias productivas y sociales de la entidad.

Éste es el tamaño del balón que está este día en la cancha de los diputados. Nadie está obligado a vivir los eventos como en un destino manifiesto, al que se asiste desencajado porque ya no hay nada que hacer. El PSP puede ser un buen plan para el desarrollo de la entidad a condición de que se le abran las oportunidades que hasta ahora impensadamente se le han negado: abrirlo al diálogo; presentarlo a la crítica de la mejora; tasarlo contra planes competentes de financiamiento; repasar y rediseñar sus cimientos de competencia; y sujetarlo a las leyes públicas que tenemos en Sonora para transparentar y fiscalizar. No más; no menos.

Si al final del día lo que se impone es un fórceps del Congreso, como el que hace dos años se introdujo para intervenir el Consejo Estatal Electoral con la connivencia de algunos diputados de oposición, tendremos mucho que lamentar. Habrá que parafrasear entonces frases como aquéllas: “Esto puede ser mucho más grave de lo que cualquiera suponga a primera vista para el desarrollo (económico) de Sonora. Tan grave que sus consecuencias podrán generar una bola de nieve que termine por arrollar a todos los actores…”. E igual podremos impresionarnos del hecho de que como sociedad seguimos sin generar conciencias oportunas que nos precavan contra los riesgos innecesarios.

*Profesor-investigador del Programa de Relaciones Industriales de El Colegio de Sonora, acova@colson.edu.mx

Pactar para sobrevivir: Manuel María Gándara y los indígenas sonorenses
(1856-1866)

Zulema Trejo Contreras*

Manuel María Gándara es un personaje poco conocido en la historia de Sonora, a pesar de que sus acciones fueron protagónicas en las décadas de 1840, 1850 y la primera mitad de 1860. En la historiografía su figura está ligada a los levantamientos indígenas ocurridos durante los años mencionados líneas arriba, es lugar común culparlo de alentar a las etnias yaqui y ópata a tomar las armas en contra de los notables sonorenses, a fin de que respaldaran sus propias ambiciones. Si embargo, esta interpretación debe matizarse en dos sentidos. En primer lugar, la relación de Manuel Gándara con las etnias sonorenses no nació durante los años de su enfrentamiento con José Urrea (década de 1840). Los vínculos de la familia Gándara con los indígenas sonorenses datan de fines del siglo XVIII (1), cuando el padre de Manuel María, don Juan Gándara, se estableció en los alrededores de Ures e instauró buenas relaciones con las etnias asentadas en territorio sonorense. (Trejo, 2004: p. 10) 

En segundo lugar debe considerarse que los ópatas, conjuntamente con los yaquis conformaban la mayor parte de los empleados de la hacienda de Topahui, propiedad de Manuel Gándara. A causa de la Ley de Sirvientes promulgada durante la década de 1830, los peones de las haciendas no estaban sujetos a las autoridades judiciales del estado, ya que al interior de éstas eran sus propietarios quienes impartían justicia. Hay testimonios de que al menos los yaquis perseguidos por el gobierno pesqueirista, solían refugiarse en las haciendas propiedad de Gándara, ya que las autoridades no podían entrar en ellas y mucho menos ordenar la detención de los sirvientes que laboraban en las mismas. Es probable que los ópatas, al igual que los yaquis, hubiesen buscado refugio en las haciendas de la familia Gándara en caso de necesitarlo.

Por otra parte, cada vez que Manuel María Gándara ocupaba la gubernatura los indígenas sonorenses, especialmente los ópatas, aprovechaban para demandar una serie de peticiones que, de una u otra manera, contribuían a preservar su estilo de vida. Por ejemplo cuando Gándara ocupó la gubernatura a fines de la década de 1840 los indígenas ópatas del pueblo de Onavas, solicitaron que les permitiera seguir cultivando tabaco, dado que ese cultivo constituía su principal fuente de ingresos. Por esa época el cultivo de tabaco era prerrogativa del gobierno federal, y estaba prohibido su cultivo a particulares, salvo a aquellos que solicitaran y obtuvieran, mediante un pago, el permiso para hacerlo. La respuesta de Gándara a los indígenas de Onavas fue explicarles que no estaba entre sus facultades concederles lo que pedían. Las palabras que escribió al gobernador de los ópatas, dejan entrever de manera bastante clara el tipo de relación que éste tenía con la etnia, así como su intención de favorecerlos siempre que le fuera posible, y conveniente hacerlo:

Manifiesteles U. igualmente que tengo la mejor disposicion pa atender á sus necesidades, quiero un gobno [gobierno] justo y paternal, pero que en esta vez no me queda otro recurso que descuidar (ilegible) en solicitud de la gracia que pretenden y ejercer la suprama resolucion, no pudiendo hacer pr [por] ahora otra cosa en beneficio de esos indigenas que librarlos pr [por] esta vez de la multa que debieron exhibir por haber sembrado tabaco, sin hacer estensiba esta gracia á los demas que no son indígenas. (Archivo General del Estado de Sonora, fondo Ejecutivo, sin ramo, t. 199, 1848)

1. En este sentido se puede plantear que Manuel María Gándara “heredó” de su padre el vínculo con las etnias sonorenses. Algunos autores como Fernando Martínez Rueda denomina a este tipo de herencia patrimonio simbólico.

Documento completo

*Profesora-investigadora del Programa de Historia Regional de El Colegio de Sonora, ztrejo@colson.edu.mx